viernes, agosto 27, 2010

Proyecto de ley busca penalizar abusos y manipulaciones religiosas.

“El que utilizando una secta, culto o doctrina religiosa perturbe, afecte o deteriore la conducta de sus seguidores sustrayéndolos parcial o definitivamente de su entorno social, cultural, económico o familiar generándole adicción o servidumbre respecto del predicador o de la misma secta, culto o iglesia, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años”, es el texto de uno de dos artículos que busca adicionar al Código Penal colombiano, el congresista Pablo Enrique Salamanca.

Por William Delgado

El otro artículo, que determina las “Circunstancias de agravación punitiva”, señala: “El que además de la conducta anterior, persuada, engañe o constriña a otro a entregar para la misma secta, iglesia o culto dinero, bienes muebles e inmuebles incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años. La secta o congregación religiosa que incurra en las causales previstas en los dos anteriores artículos serán objeto de extinción de dominio en favor de las personas que resultaren afectadas”. 

El Representante a la Cámara por Bogotá, expones que el proyecto de ley crea un nuevo tipo penal que se incluirá en el Libro Segundo Titulo III Capitulo Noveno titulado: “Delitos Contra el Sentimiento Religioso y el Respeto a los Difuntos”. 

El Estado no puede permanecer impasible frente a los reiterativos y múltiples abusos de que han hecho víctimas a miles de colombianos por parte de “avivatos” quienes fungiendo de pastores, jefes u orientadores espirituales y abusando de manifiestas fragilidades intelectuales, los manipulan, los esquilman en su patrimonio, los disfrazan, los alejan de su entorno familiar social cultural y económico”, señaló el parlamentario.

“Debe sancionarse penalmente a quienes de esa manera abusan y sobre todo que, con sus bienes, esas sectas, iglesias o congregaciones resarzan a sus víctimas”, agregó Salamanca.

El congresista explicó que son muchos los casos registrados a través de los medios de comunicación donde se han expuesto varios casos de abusos por parte de guías espirituales, pastores y lideres de sectas religiosas que aprovechando su condición, explotan a sus seguidores empleando técnicas de manipulación sicológica logrando con ello obtener grandes beneficios económicos y en muchos casos, tal manipulación alcanza la sumisión total de sus miembros convirtiéndoles en entes ausentes de voluntad, dependientes por completo del líder y de la secta a la que pertenecen. 

La reconocida emisora “LA W” registró la denuncia presentada por la señora Graciela Murillo quien al parecer fue estafada por el ex Senador y líder espiritual de la Iglesia Cristiana Bethesda cuando este, aprovechando su autoridad como líder espiritual solicitó a la denunciante dinero en mutuo sin que a la fecha de la denuncia se le reconociera y efectuara el pago de la obligación.

También el personero de Paipa (Boyacá) asegura que a su oficina ya han llegado seis personas para denunciar casos de feligreses que acusan al pastor Julio Ramón Pérez Rodríguez del centro misionero Bethesda en este municipio de estafa y robo, dijo el congresista Salamanca.

El congresista señala que “estas conductas parecen tener la anuencia, el protagonismo y beneplácito de los miembros directivos o de más alto rango jerárquico en esa organización religiosa, generando un manto de complicidad al interior de la organización”.

“Estos oprobiosos hechos de manipulación no se predican exclusivamente de cultos religiosos cristianos, católicos o afines a ellos, algunas sectas, imponen a sus seguidores determinadas conductas que atentan contra el libre desarrollo de la personalidad, obligándoles a tener determinada postura frente al mundo, e incluso intervienen de forma negativa en su forma de vestir, de alimentarse y hasta en su sexualidad”: 

Estos casos son comunes en Colombia y en el mundo, por esa razón es importante que el Congreso de la República se pronuncie frente a estos hechos que son repetitivos y que cada día dejan mas victimas, creando un tipo penal autónomo que sancione ejemplarmente estas conductas que se cometen diariamente, pero que ante la ausencia de norma aplicable, las autoridades se abstienen de adelantar acciones judiciales, concluyó Salamanca.

Publicado por Agencia Latinoamericana y Caribeña de Comunicación (ALC)

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